Fracción 16Jul: “La presidencia del Gobierno de transición la debe ejercer el presidente de la Asamblea Nacional de conformidad con el artículo 233 de la cosntitución” #InfoDSD #9Ene

Ayudanos compartiendo en tus redes sociales

#InfoDSD #8Ene

 

Resumen Informativo

 

Fracción 16 de Julio emplazó a Juan Guaidó ejercer nuevo Gobierno de transición antes del #10Ene

La fracción parlamentaria 16 de Julio emplazó este miércoles al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó a asumir y ejercer la presidencia de Venezuela a través de un nuevo Gobierno de transición antes de que Nicolás Maduro asuma su cargo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), considerado ilegítimo por la oposición venezolana y la comunidad internacional.

“La presidencia del Gobierno de transición la debe ejercer el presidente de la Asamblea Nacional de conformidad con el artículo 233 de la cosntitución”, expresó el diputado Omár González al leer un comunicado.

“Es imprescindible una declaratoria de emergencia nacional, se requiere que la AN se declare en emergencia y habilite todo el tiempo necesario para la restitución el estado de derecho, la Constitución y llenar el vacío de poder (…) Creemos que el Gobierno de transición debe cumplir con su compromiso de restituir la vigencia de la Constitución en un lapso no mayor del 10 de enero de 2019. “, indicó.

También instaron al Parlamento nacional a incluir en el proyecto de Ley del Estatuto para la restitución de la Democracia en Venezuela, la designación de los nuevos cinco rectores del Consejo Nacional Electoral.

“La Asamblea Nacional , en el marco de esta emergencia, debe proceder de inmediato a la elección de los cinco rectores del CNE que tienen el periodo vencido”, manifestó.

Americans could save thousands by taking advantage of this government program

La delegación parlamentario insistió en que si la Asamblea Nacional no aplica el artículo 233 de la constitución, “estaría violando la Constitución de la República”. La Patilla

 

Cidh alertó sobre la profundización del debilitamiento del Estado de Derecho en Venezuela

Frente a la asunción de un nuevo mandato del Presidente Nicolás Maduro el 10 de enero próximo, como resultado de un proceso electoral que no contó con las mínimas condiciones para la realización de elecciones libres y justas en el país, la Comisión alerta sobre la profundización del debilitamiento institucional en Venezuela, advierte sobre la persistencia de situaciones estructurales que afectan los derechos humanos y alerta sobre las graves consecuencias que ocasionaría el retiro del Estado de la OEA para la población venezolana.

El 20 de mayo de 2018 el Presidente Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En las instancias previas del proceso electoral, se evidenciaron reales obstáculos para la participación efectiva de la oposición, lo que se tradujo en un alto grado de abstención de las fuerzas políticas que afectó el pluralismo necesario en elecciones democráticas. Las injerencias de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sobre el CNE, organismo que carece de independencia e imparcialidad, la reprogramación del calendario electoral de modo imprevisible, la no validación de los partidos políticos por no haber participado en “elecciones inmediatamente anteriores” por parte de la ANC, las inhabilitaciones para ejercer la función pública a integrantes de la oposición y potenciales candidatos a cargos públicos electivos, los plazos excesivamente cortos y requisitos impuestos por el CNE para inscribir candidatos, la convocatoria apresurada a elecciones y la afectación en el registro de nuevos electores y personas venezolanas en el extranjero; todos estos factores mermaron significativamente la participación y la posibilidad efectiva de que la población cuente con opciones sustantivas para el cargo de la presidencia. Solo un partido político logró su validación en las elecciones presidenciales. El número de partidos políticos disidentes continúa reduciéndose progresivamente, 21 partidos políticos nacionales mientras que 2016 se contaba con un total de 67. La OEA, la Unión Europea, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU se pronunciaron sobre la falta de legitimidad de las elecciones presidenciales. El Grupo de Lima, a su vez, realizó un llamado al Presidente a no asumir la presidencia el próximo 10 de enero y lo instó a respetar las atribuciones de la Asamblea Nacional y transferirle en forma provisional el poder ejecutivo hasta la realización de nuevas elecciones presidenciales democráticas.

El modo en que desarrollaron las elecciones presidenciales profundizó la crisis institucional. Desde hace años la CIDH ha alertado sobre el progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática y la situación de derechos humanos que atraviesa en Venezuela. En su Informe “Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela”, la Comisión remarcó la inobservancia del principio de separación de poderes existente en el país. También consideró que existe una usurpación de las funciones del Poder Legislativo por parte de los Poderes Judicial y Ejecutivo, así como una anulación defacto del voto popular, a raíz de la falta de independencia judicial y las constantes intromisiones del Ejecutivo, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y de la ANC sobre materia propias de la Asamblea Nacional (AN). La detención de los diputados Requesens y Borges en el 2018, luego de que fueran levantadas sus inmunidades parlamentarias, evidencian la continuidad de esta grave situación. A su vez, la ANC convocada por el Presidente, criticada en su origen y conformación, continuó durante el 2018 adoptando decisiones que excedieron su naturaleza y violan el principio de separación de poderes en detrimento de la Asamblea Nacional, tales como autorizar el enjuiciamiento de los mencionados diputados, o refrendar la designación del Presidente del Banco Central efectuada por el Ejecutivo. El congelamiento presupuestario y la discrecionalidad en el otorgamiento de los recursos financieros para el funcionamiento de la AN son factores que dificultan aún más su labor. Por su parte, el Ejecutivo prorrogó por Decreto el Estado de Excepción y Emergencia Económica, sin la aprobación de la AN tal como exige la Constitución, quedando facultado a ejercer poderes extraordinarios y adoptar medidas excepcionales para asegurar el orden y restringir las garantías.

El debilitamiento de la institucionalidad democrática ocurre en un contexto estructural de represión y persecución a la disidencia, en el marco de la militarización de la seguridad pública, que agrava el deterioro de los derechos políticos y a la participación en la vida pública, en estrecha relación con la afectación a la libertad de expresión. Según información recibida por la CIDH, en los primeros nueve meses del año se contabilizaron 14 personas fallecidas en el contexto de protestas sociales. A su vez, luego de las protestas de abril-junio de 2017, alrededor de 757 civiles habrían sido procesados en la jurisdicción penal militar.

La CIDH y su Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión continúan observando la profundización del deterioro a la libertad de expresión en Venezuela, debido a la apertura de procesos penales contra periodistas que investigan hechos de corrupción, como es el caso de los periodistas Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Alfredo Meza y Ewald Scharfenberg del portal Armando.info, la práctica de detenciones arbitrarias de comunicadores que cubren protestas y las detenciones de ciudadanos que expresan críticas o disienten con el gobierno a través de las redes sociales. Se registraron nuevos casos de aplicación de la denominada “Ley contra el Odio”. También se han denunciado nuevas estrategias para intentar controlar la circulación de información en Internet, a través del bloqueo de sitios web y la vigilancia de las comunicaciones de ciudadanos en redes sociales. Además, se agravó la situación de provisión de papel por parte de la empresa estatal que monopoliza ese insumo, lo que determinó que al menos 35 periódicos vieran reducidas sus ediciones, tirajes y/o dejarán de circular.

La CIDH ha reiterado que existe una relación directa entre el ejercicio de los derechos políticos y el concepto de democracia como forma de organización del Estado. La Comisión le ha expresado y reitera a Venezuela la necesidad de garantizar a la ciudadanía y a los grupos políticos organizados el derecho a la participación política y a libertad de expresión sin temor a represalias, permitiendo y fomentando un debate público plural, amplio y robusto. La relación entre derechos humanos, derechos políticos y democracia ha quedado plasmada en la Carta Democrática Interamericana, donde se señala que son “elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

En paralelo al creciente deterioro institucional y las afectaciones a los derechos políticos, la CIDH y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) continuaron observando un agravamiento en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales en el país. En octubre de 2018, junto a varios expertos del sistema de Naciones Unidas, se alertó sobre serio deterioro del sistema de salud, a causa del desabastecimiento de medicamentos, el estado de las instalaciones y falta de personal e insumos médicos. La reaparición de epidemias erradicadas décadas atrás refleja la gravedad de la situación. En 2018, se registraron 230 muertes por casos de difteria y sarampión. Se estima que, entre 2017 y 2018, 2.500 personas que requieren de diálisis por deficiencias renales, fallecieron por causa de la crisis del sistema de salud. Más de 79.000 personas con VIH dejaron de recibir antirretrovirales desde 2017 y el número de defunciones de estas personas aumentó de 1.800 en 2014 a posiblemente más de 5.000 en los últimos años, según informes de la sociedad civil. A su vez, la escasez de alimentos y el encarecimiento de los pocos productos proteicos o suplementos nutricionales disponibles en el país provocan la desnutrición crónica infantil, de personas adultas mayores y el deterioro de la alimentación saludable.

La CIDH señaló en su Resolución 2/18 que las violaciones masivas a los derechos humanos, así como la grave crisis alimentaria y sanitaria que viene enfrentando el país como consecuencia de la escasez de alimentos y medicamentos, ha llevado a cientos de miles a migrar hacia otros países de la región en los últimos años. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la cifra de migrantes y refugiados venezolanos para diciembre de 2018 era de 3.314.195 millones, de los cuales 460,000 son niños, sin que existan previsiones de retorno a corto o mediano plazo a Venezuela. Las proyecciones indican que para finales de 2019, otros 2 millones de venezolanos podrían abandonar su país.

Durante el año de 2018 la CIDH otorgó 6 medidas cautelares solicitando al Estado de Venezuela la protección de: niñas y niños pacientes del área de Nefrología del Hospital José Manuel de los Ríos, debido a la falta de un tratamiento médico adecuado a causa del desabastecimiento; Juan Carlos Caguaripano, Luis Humberto de la Sotta Quiroga, Pedro Patricio Jaimes Criollo, privados de su libertad sin acceso a la atención médica adecuada; Juan Carlos Requesens Martínez, también privado de su libertad en riesgo de ser objeto de actos de violencia; C.L. y otras 42 personas en riesgo por la falta de entrega de medicamentos antirretrovirales para tratar adecuadamente el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

A su vez, durante 2018 la Corte Interamericana emitió dos sentencias de fondo respecto de Venezuela. En su sentencia en el caso San Miguel Sosa y otras del 8 de marzo de 2018, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional de Venezuela por violación a los derechos a la participación política y a la libertad de pensamiento y expresión, en relación con el principio de no discriminación; el acceso a la justicia y a un recurso efectivo para tutelar los derechos de las víctimas; y el derecho al trabajo. El caso se relaciona con la terminación arbitraria de los contratos laborales de tres funcionarias del Consejo Nacional de Fronteras, como consecuencia de una desviación de poder motivada por una voluntad de represalia en su contra por haber firmado una solicitud de referéndum revocatorio del mandato del entonces Presidente de la República Hugo Chávez Frías en diciembre de 2003, en un contexto de denuncias de represalias y persecución política.

El 26 de septiembre de 2018 en el caso López Soto y otros, la Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, integridad personal, prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibición de la esclavitud, libertad personal, garantías judiciales, dignidad, autonomía y vida privada, circulación y residencia, igualdad ante la ley y protección judicial, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos, de no discriminar, y de adoptar medidas de derecho interno, así como por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará y de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Linda Loaiza López Soto fue víctima de extrema violencia física, psicológica y sexual por parte de un particular, en total indefensión como consecuencia de la manifiesta omisión del Estado de protegerla frente al riesgo que enfrentaba.

Asimismo, la Corte Interamericana continuó dando cuenta del incumplimiento manifiesto por parte del Estado venezolano de sentencias emitidas en años anteriores. Por esta razón, la Corte dispuso continuar aplicando el artículo 65 de la Convención Americana e incluir en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA dicha situación de incumplimiento, sin perjuicio de continuar supervisando directamente tales fallos.

Como en anteriores oportunidades, la CIDH urge al gobierno venezolano a respetar la separación de poderes, el principio de representación popular y las competencias que la constitución confiere a cada órgano, garantía indispensable de un régimen democrático y del Estado de Derecho. En particular, la Comisión urge al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, respetar y garantizar el funcionamiento independiente de los poderes públicos y a la participación en la vida política en el país de todos los sectores, y como así también a destinar todos los esfuerzos posibles para erradicar de modo urgente las causas de la escasez y desabastecimiento de alimentos y medicamentos, que acarrean gravísimas consecuencias para la vigencia de los derechos de la población.

La Comisión ha tomado nota de la denuncia por parte del Estado venezolano de la Carta de la OEA, la cual entraría en vigor en abril próximo. En otras oportunidades la CIDH se pronunció sobre el grave retroceso y el debilitamiento de la protección internacional que significa la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos efectuada por Venezuela, la cual entró en vigencia el 10 de septiembre de 2013. La Comisión también remarcó que, como Estado miembro de la OEA, Venezuela sigue sujeto a la jurisdicción de la Comisión y a las obligaciones que le imponen la Carta de la OEA y la Declaración Americana, suscritas por el Estado en 1948.

La denuncia a la Carta de la OEA, decisión sin precedentes en el sistema interamericano que fue deplorada por la CIDH, genera una profunda preocupación por su impacto en el acceso a los mecanismos interamericanos de protección de derechos humanos por parte de los venezolanos y venezolanas, en el grave contexto que la Comisión ha venido reportando. Existen diversas preocupaciones respecto de la eficacia y validez de dicha denuncia. Igualmente, la Comisión toma nota de que Venezuela no ha denunciado varios instrumentos interamericanos de derechos humanos que le otorgan mandatos. Por ello, la Comisión analizará detalladamente todos los aspectos relacionados con la denuncia y adoptará una posición sobre sus consecuencias respecto de la continuidad de su mandato de promoción y protección de los derechos humanos en Venezuela. La CIDH reitera su llamado al Estado a revertir la decisión de retirarse de la OEA, y a retomar sus compromisos bajo la Convención Americana y la competencia contenciosa de la Corte IDH.

Asimismo, la CIDH reitera su disposición para colaborar con el Estado de Venezuela en el marco de su mandato y funciones a fin de respetar el orden constitucional y democrático en el país. En este sentido, la CIDH reitera la solicitud de anuencia del Estado de Venezuela para realizar una visita de observación, que la Comisión viene solicitando desde el año 2004.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. / Comunicado de la Cidh

 

Parlamento Europeo reiteró que desconocerá el nuevo mandato de Maduro

Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, reiteró su reconomiento a la Asamblea Nacional (AN) y su desconocimiento al mandato de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela a partir del 10 de enero.

El representante conversó vía teléfonica con Juan Guaidó, presidente de la AN, en la cual aseguró que el mandato de Maduro es ilegítimo. “No reconocemos al gobierno de Maduro porque no hay elecciones regulares y no hay estado de derecho en el país”, indicó.

“No se puede reconocer a un gobierno donde hay ciudadanos y niños que se mueren de hambre. Por eso, no reconocemos, como Parlamento Europeo, el régimen de Maduro”. El Nacional

 

Beatriz Becerra sobre nuevo mandato de Maduro: “En el Parlamento Europeo, desconocemos lo ilegítimo”

La Vicepresidenta Subcomisión DDHH del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra sostuvo por medio de su cuenta oficial de la red social Twitter, que la posición del Parlamento Europeo sigue claro y firme como siempre, “Después de las bravatas amenazantes que ha proferido este miércoles 9 de enero Nicolás Maduro, desconocemos lo ilegitimo. Esperamos la posición única de la Unión Europea y de sus Estados miembros a través de Federica Mogherini”.

En ese sentido la eurodiputada dijo estas declaraciones luego el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani reiterara que solo reconocerán a la Asamblea Nacional como institución legítima de Venezuela.

“Acabo de hablar con el presidente Juan Guaidó, de la Asamblea Nacional de Venezuela 🇻🇪, la única que reconocemos. El mandato de Maduro es ilegítimo. Seguiremos luchando para la liberación de los presos políticos y la democracia en Venezuela”, precisó Tajani. Alberto News

 

Parlamento del Mercosur desconoce ilegítima reelección de Maduro

Desconocer la ilegítima reelección de Nicolás Maduro para un nuevo período presidencial en Venezuela a partir de este 10 de enero 2019, denunciando ante nuestra América y el mundo que su permanencia en el poder implica usurpación, está contenido en la propuesta que hoy hizo el parlamento del Mercosur a los Estados Partes.

El diputado Rafael Veloz que forma parte de las Comisiones Jurídica y Ambiental del Parlamento del MERCOSUR dio a conocer la Declaración hecha este día con motivo del evento que se realizará este jueves 10 en la capital de la República de Venezuela, en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que es el centro de atención no solo de nacionales, también de la comunidad internacional.

En el artículo 5 de la Declaración se lee “Su inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela, resaltando que sólo a través del pleno restablecimiento, lo más pronto posible, de la democracia y el respeto de los derechos humanos, se podrán atender las causas de la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país”.

Los países firmantes de la Declaración a través de sus parlamentarios son Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela. La Patilla

 

España y Portugal no enviarán a ningún representante a la toma de posesión de Maduro

El Gobierno español, ha confirmado este miércoles 9 de enero que no enviará representación oficial a la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, reseñó el portal  El Español.

Maduro tomará posesión este jueves 10 de enro, para un segundo mandato como presidente de Venezuela tras su victoria en unas elecciones presidenciales sin competencia electoral celebradas el pasado 20 de mayo, en las que, según resultados oficiales, ganó con un 67 por ciento -más de seis millones de votos-, el peor dato del gobernante PSUV desde la llegada al poder de Hugo Chávez, teniendo en cuenta el crecimiento del censo electoral en el país.

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha denunciado este mismo miércoles que este mandato presidencial “es ilegítimo” y ha trasladado al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela que la Eurocámara no reconocerá a su régimen.

Los Veintiocho acordaron ‘a priori’ en diciembre que no enviarían representación a la toma de posesión del presidente venezolano si la ceremonia de investidura se celebra en la Asamblea Constituyente, que el bloque europeo no ha reconocido, y si se celebraba en otro lugar la representación sería “por debajo de embajador”, según han explicado fuentes europeas.

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, aseguró entonces en Bruselas que a partir del 10 de enero “cambia la legitimidad del presidente Maduro” en Venezuela tras las elecciones presidenciales que para la Unión “no cumplían los estándares” para ser “justas y libres”, aunque dejó claro que la suspensión de relaciones con Venezuela “no es algo que se haya planteado en la Unión Europea”.

El Grupo de Lima emitió el viernes una declaración en la que pide a Maduro que no tome posesión para un segundo mandato y transfiera de “forma provisional” el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición desde las elecciones parlamentarias de 2015, “hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas”. Con información de El Español

Por su parte, Portugal tampoco enviará representación oficial a la toma de posesión de Nicolás Maduro, quien asumirá este jueves su segundo mandato presidencial en Venezuela tras unas elecciones tachadas de ilegítimas por la Unión Europea.

“No estaremos representados a nivel político en la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro”, confirmó el martes el ministro de Negocios Extranjeros portugués, Augusto Santos Silva, ha informado el diario digital ‘Observador’.

 

Costa Rica reiteró su compromiso con la democracia y Derechos Humanos en Nicaragua y Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró hoy su férreo compromiso con la democracia y los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela.

Sobre Venezuela, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que Costa Rica no participará, mañana, de los actos de toma de posesión de Nicolás Maduro, en correspondencia con la determinación conjunta de los países del Grupo de Lima.

La Cancillería costarricense confirma que fue recibida una nota remitida por el Gobierno de Venezuela que se refiere a la Declaración del Grupo de Lima del pasado 4 de enero, y señaló que oportunamente se dará respuesta. De momento, Costa Rica mantiene consultas con los países del Grupo de Lima.

La Declaración del Grupo de Lima no reconoce “la legitimidad del nuevo periodo” del régimen de Nicolás Maduro.

Respecto a la próxima reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para analizar la situación en Nicaragua y la ruta para una activación del Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, la Cancillería reiteró el pleno respaldo a dicho proceso.

La Carta Democrática Interamericana (Artículo 20) puede ser activada en caso de que “en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”, y cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

Costa Rica, que ha deplorado “la escalada represiva” en Nicaragua, se mantiene activa en el Grupo de Trabajo sobre Nicaragua y en permanente consulta con otras naciones de la OEA.

En la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el pasado 27de diciembre, Costa Rica hizo un llamamiento a la comunidad internacional para sumar esfuerzos multilaterales tendentes a garantizar el respeto de los derechos humanos en Nicaragua.

Costa Rica ha mantenido su firme llamado a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos en Nicaragua, la reapertura del diálogo para restablecer la paz, el entendimiento, proteger la integridad del sistema democrático y promover la normalización de la institucionalidad en ese país. Nota de Prensa / Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica

 

Luisa Ortega Díaz: “La gente tiene que salir a las calles a sublevarse y rechazar la autocoronación de Maduro”

Durante una entrevista exclusiva para Efecto Cocuyo, la Fiscal General de la República, destituida por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Luisa Ortega Díaz instó al pueblo de Venezuela a salir a las calles y sublevarse ante lo que denominó la “autocoronación” de Nicolás Maduro.

“Yo creo que la gente tiene que salir a reclamar, a sublevarse, a resistir. El Gobierno va a ceder en la medida en que sientan la presión de las personas”, dijo.

En este sentido, Ortega Díaz instó a los funcionarios de la Fuerza Armada a colocarse del lado del pueblo. “Están en las calles con las armas, pónganse del lado del pueblo. No pueden seguir defendiendo a un tirano, a un fascista que está acabando con sus vidas y con la de sus familiares”.

Aseguró que durante su gestión ante el Ministerio Público “actuó apegada a la Constitución y a las leyes”.

 

Inflación del 2018 se ubicó en 1.698.488,2%, según la AN

Venezuela cerró el año 2018 con una inflación de 1.698.844,2 %, una cifra que superó lo estimado y  confirma más grave crisis vivida en la historia y la hiperinflación que ha sumido al país en la miseria.  Según informó hoy la Asamblea Nacional, solo durante el último diciembre, el indicador alcanzó el 141,75 % y más de un 3 % por día.

En cuanto a las cifras registradas para lo que va de enero de 2019, “Lo que el 1 de enero de 2018 costaba un bolívar hoy cuesta 17 mil bolívares, tenemos una economía dolarizada en el consumo pero el ingreso de los venezolanos sigue siendo en bolívares, bolívares que Gobierno emite de manera inorgánica a través del BCV”, dijo el diputado  Guzmán

También dijo que los rubros que más subieron durante 2018 fueron alimentos, con 123 %; transporte, con 167 %; equipamiento del hogar, con 178 % y restaurantes y hoteles, con 197 %.

“Estamos entre las 3 (inflaciones más altas) de la historia del mundo, ese es el resultado de (las políticas) de Miraflores (sede de Gobierno), de los que usurpan el poder, de los que nos están llevando a la tragedia que nosotros estamos viviendo en el país”, añadió Guzmán.

Guzmán también dijo que la hiperinflación de Venezuela se podría explicar en la constante “monetización” del déficit fiscal por parte del Banco Central y al ataque al cada vez más mermado sector industrial del país.

Rechazó, además, la tesis del Gobierno que preside Nicolás Maduro de que el país salió del proceso de hiperinflación.

“La hiperinflación está lejos de terminar”, agregó el diputado opositor Ángel Alvarado al presentar los resultados de un fenómeno que comenzó en noviembre del 2017.

“Como no ha disminuido la liquidez, eso en definitiva empuja los precios al alza”, afirmó el diputado opositor Ángel Alvarado. El Gobierno ha aumentado el gasto público para cubrir salarios y bonos.

El Fondo Monetario Internacional estimó que la hiperinflación del país alcanzará la tasa de 10 millones por ciento en 2019.

Para los parlamentarios, “difundir índice de inflación requiere mucho esfuerzo y dedicación, seguimos los mismos parámetros del Banco Central de Venezuela (BCV), con voluntariado a lo largo y ancho del país que nos permite recoger la información para que luego procesarla e informarla con la premisa de la verdad”.

“El Gobierno siempre ha ocultado la realidad y la tragedia a los venezolanos y al mundo, en la Comisión de Finanzas hemos actuado con la verdad, hemos alertado de los problemas, hemos desenmascarado la tragedia, factores productivos acuden a Comisión”, comentó  Guzmán.

“Para salir adelante hay que dejar que los venezolanos hagan lo que saben hacer que es trabajar, quisiéramos dar buenas noticias pero solo hemos podido ofrecer alternativas debido a la actuación del Gobierno y su dinámica”, explicó el representante de la Comisión de Finanzas.

El Parlamento, que había proyectado a finales de 2018 que la inflación superaría los 2.000.000 %, auguró hoy una tasa mayor al 10.000.000 % para 2019, lo que supera la previsión del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Venezuela es el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, pero padece una acuciante crisis económica que se expresa en escasez generalizada, hiperinflación y un éxodo de cerca de 4.000.000 de personas, principalmente a países de la región, como Colombia, Argentina, Ecuador y Perú. Con información de Efe y Reuters

 

Maduro dio 48 horas al Grupo de Lima para “rectificar” su posición

Nicolás Maduro indicó que tomará “las más urgentes y crudas medidas diplomáticas” en contra de los países que conforman en Grupo de Lima si no rectifican su postura sobre su nuevo mandato.

“Hoy se entregó a todos los gobiernos del ‘cártel de Lima’ esta nota de protesta diplomática, donde le exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas o el gobierno de Venezuela tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas para la defensa de la integridad la soberanía”, dijo Maduro este miércoles durante una rueda de prensa con medios internacionales.

Jorge Arreaza, canciller de Venezuela, fue el encargado de entregar las notas de protesta a 13 de los 14 países que conforman el Grupo de Lima.

Mediante un comunicado, el Grupo de Lima instó a Maduro a no tomar posesión presidencial y respetar las atribuciones de la Asamblea Nacional. EFE

 

#PrensaDSD

@PeriodistaDSD

Ayudanos compartiendo en tus redes sociales

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

FORMULARIO DE SUSCRIPCIÓN





Recibir Información en:
EmailWhatsappTelegram